Cuando el algoritmo se convierte en el chivo expiatorio favorito de Palacio
Hay una fascinante propensión en la clase política mexicana contemporánea por encontrar culpables externos a los problemas sistémicos que carcomen el tejido social. Frente a los recientes y lamentables hechos de violencia escolar registrados en planteles de Coahuila y Querétaro, donde menores e involucrados utilizaron canales digitales para la planeación o difusión de sus actos, la respuesta desde la cúspide del poder no se hizo esperar: un nuevo decreto presidencial, una comisión intersecretarial exprés y la exigencia imperativa de que las corporaciones tecnológicas se conviertan en las niñeras digitales de la nación. La administración federal, encabezada por Claudia Sheinbaum, ha decidido que la culpa de la descomposición en las aulas no radica en la falta de políticas integrales de salud mental previas, en el abandono presupuestal histórico de las policías municipales o en la descomposición de la seguridad pública, sino en los dichosos ‘likes’ y en la laxitud de los corporativos de Silicon Valley.
La receta es conocida y huele a naftalina burocrática: convocar a un grupo de trabajo coordinado por la consejera jurídica —con un protagonismo notable de la vieja guardia obradorista reciclada en la administración—, sumar a expertos académicos de la UNAM y del Politécnico, y prometer para la próxima semana un decreto hecho sobre las rodillas. En la lógica gubernamental, obligar a las plataformas digitales a remover contenidos violentos bajo amenaza de sanción regulatoria equivale a resolver de tajo una crisis de salud mental y violencia intrafamiliar que lleva años gestándose en el silencio de los hogares mexicanos. Es el triunfo de la gimnasia verbal sobre el diagnóstico serio: pasar de la prevención institucional al manotazo administrativo.
Entre la línea muy delgada de la protección infantil y la tentación de la censura
El argumento oficial sostiene que nadie en su sano juicio puede oponerse a que las redes sociales dejen de propagar retos absurdos, videos de maltrato animal o convocatorias a riñas escolares a través de WhatsApp. Y en efecto, el reclamo ciudadano por un internet más seguro para niñas, niños y adolescentes es legítimo. Sin embargo, el diablo está en los detalles y en la opacidad con la que se pretende redactar un ordenamiento legal de esta magnitud en cuestión de días. Delegar en corporaciones extranjeras la vigilancia activa de millones de interacciones diarias bajo el argumento de que la inteligencia artificial puede detectar con precisión quirúrgica una amenaza real frente a una simple expresión juvenil abre una caja de Pandora peligrosa para la libertad de expresión.
Durante años, el movimiento político en el poder defendió a capa y espada las llamadas benditas redes sociales cuando estas servían como termómetro de la protesta social o como altavoz contra los adversarios de turno. Hoy, cuando el monstruo digital que ayudaron a alimentar se les sale de control en los patios escolares, la solución propuesta transita peligrosamente hacia la tentación censora. El propio secretario de seguridad y los funcionarios involucrados admiten que la línea entre un contenido de riesgo y una manifestación protegida es difusa, pero confían en que un decreto presidencial bastará para borrar por decreto la violencia que la propia autoridad es incapaz de contener en las calles y en las escuelas del país.
El desfile de comisiones y el eterno retorno del ABC de las emociones
Como complemento al decreto tecnológico, el gobierno insiste en revivir el llamado ‘ABC de las emociones’, una estrategia escolar que se presenta como la panacea pedagógica para los problemas de ansiedad y depresión derivados del confinamiento por la pandemia. Maestros, padres de familia y comités escolares son convocados nuevamente a asambleas exprés, buzones confidenciales y guías impresas, mientras los recintos educativos siguen padeciendo carencias estructurales graves, falta de personal especializado en psicología y plantillas docentes rebasadas por la realidad cotidiana. La promesa oficial de inyectar recursos ‘en lo que haga falta’ contrasta con la cruda realidad de un presupuesto federal apretado donde la salud mental y la prevención real suelen ser las primeras víctimas del recorte silencioso.
Mientras tanto, los funcionarios federales prefieren desplazar la responsabilidad hacia los corporativos tecnológicos, argumentando que si en Estados Unidos o Europa se discuten acuerdos punitivos con Meta o TikTok, México no puede quedarse atrás en la exigencia de apagar plataformas por las noches o suprimir contadores de popularidad. Es una narrativa atractiva para la mañanera, pero ineficaz en la práctica cotidiana de una escuela secundaria en provincias donde la violencia no se detiene con un tuit del Centro Nacional de Inteligencia ni con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. La simulación institucional continúa: se legisla a manotazos para la tribuna mientras los problemas estructurales de la niñez mexicana siguen esperando una política de Estado que vaya más allá del powerpoint matutino.
Fiscalización ciudadana y referencias documentales
Para profundizar en los antecedentes regulatorios sobre el impacto de las plataformas digitales en menores de edad y evaluar la viabilidad jurídica de los decretos en materia de ciberseguridad en México, se recomienda consultar los siguientes instrumentos normativos e investigaciones especializadas:
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Consulta el marco de acuerdos internacionales sobre moderación de contenidos y responsabilidad de plataformas en el Diario Oficial de la Federación para revisar los lineamientos previos de política digital.
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Analiza los informes sobre salud mental infanto-juvenil y los efectos post-pandemia publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en sus encuestas de bienestar.
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Revisa las auditorías y diagnósticos sobre infraestructura escolar y carencias en gabinetes psicológicos educativos emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en sus informes de la cuenta pública.
