Dogmas de fe guarumexicana: El pueblo como coartada absoluta
Hacia el tramo final de su intervención en Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum condensó la filosofía del régimen en tres dogmas incuestionables: por el bien de todos, primero los pobres; no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; y con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Este último principio fue utilizado para justificar una de las decisiones más polémicas y criticadas del bloque oficialista: la aniquilación de la carrera judicial y la imposición de la elección de jueces y magistrados por voto popular. La lógica expuesta en el templete es tan sencilla como tramposa: ¿qué es mejor, que a los impartidores de justicia los elijan unos cuantos ministros o que los elija el pueblo sabio?
La falacia de falsa dicotomía resuena con fuerza en este tipo de argumentaciones. Nadie en su sano juicio defiende la opacidad de los viejos cotos de poder judicial; sin embargo, disolver los contrapesos constitucionales bajo el argumento plebiscitario de que la voluntad popular purifica cualquier exceso administrativo es un boleto de ida hacia el autoritarismo hegemónico. Al apelar permanentemente al tótem del pueblo, el poder ejecutivo se coloca por encima de la ley que juró guardar, convirtiendo cada mandato en una suerte de patente de corso donde la crítica técnica o jurídica se descalifica de inmediato como un ataque de las élites conservadoras.
La erosión institucional disfrazada de democracia participativa
El discurso oficial insiste en presentar a la autodenominada Cuarta Transformación como un movimiento único en la historia mundial, una suerte de creación espontánea y perfecta inmune a la corrupción siempre y cuando sus operadores mantengan la autoridad moral intacta. No obstante, la historia política enseña que concentrar el poder absoluto bajo la premisa de que el gobernante encarna los sentimientos de la nación suele terminar en el desmantelamiento de las garantías ciudadanas más elementales. La soberanía de la que hablaba Morelos no significaba la subordinación de todos los poderes del Estado a la voluntad de un solo movimiento político, sino la emancipación frente a la tiranía externa e interna.
Cuando se afirma que la honestidad es la mayor defensa de la soberanía, se incurre en una tautología peligrosa: se asume que la simple pertenencia al movimiento oficial otorga un certificado automático de incorruptibilidad, eximiendo a los funcionarios de rendir cuentas transparentes ante organismos fiscalizadores verdaderamente autónomos. La cercanía con el territorio y el contacto con la gente se esgrimen como sustitutos de la legalidad formal, debilitando los frenos institucionales que protegen a los ciudadanos frente a los abusos del poder público.
Marcos jurídicos y análisis de la división de poderes
Para profundizar en el debate sobre la independencia judicial y los riesgos de la concentración de facultades en el sistema político mexicano, resulta indispensable revisar los análisis publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como las observaciones técnicas emitidas por organizaciones internacionales sobre la reforma al Poder Judicial en México.
Estos documentos ofrecen una perspectiva técnica y jurídica que contrasta vivamente con el discurso político de los mítines, recordando que una república democrática no se sostiene únicamente en el fervor popular de una plaza pública, sino en la solidez de sus instituciones y en el respeto estricto a los contrapesos constitucionales.
