Cuando el Descubrimiento de lo Obvio se Vende como Decreto Presidencial
Hay una línea muy delgada entre la ocurrencia de banqueta y la política pública de Estado, pero en la Cuarta Transformación esa línea suele borrarse con aplausos y un redoble de tambores. Durante su reciente visita a Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum protagonizó un momento digno de comedia involuntaria o de la más fina picaresca nacional. Al preguntar inocentemente si las escuelas del lugar cobraban alguna cuota, la respuesta del auditorio fue un rotundo sí. Lejos de asumir que su flamante secretario de Educación Pública —un viejo lobo de mar como Mario Delgado— debió enterarse de ese diminuto detalle antes de pisar el templete, la mandataria optó por el clásico estilo patriarcal: decreto unilateral y enérgico. ‘A partir de mañana es gratuita esta escuela’, sentenció ante el entusiasmo de las masas y la cara de angustia contenida de los administradores escolares que ahora tendrán que hacer malabares financieros.
La escena destila ese optimismo mágico tan característico del poder central. Bastaron unos cuantos segundos de interacción escolar para que la titular del Ejecutivo federal rediseñara el presupuesto operativo de los planteles tecnológicos de la región. El razonamiento oficial es tan simple que asusta: si los padres ya no pagan cuotas, el gobierno absorberá el costo. La pregunta que ningún asistente al mitin se atrevió a formular en voz alta es de dónde saldrán exactamente esos recursos recurrentes en medio de un panorama fiscal donde los recortes gubernamentales y la austeridad republicana ya crujen por todas las costuras. Prometer gratuidad universal sin un anexo presupuestal previo es, en el mejor de los casos, una buena intención con dedicatoria al aplauso fácil; en el peor, una bomba de tiempo para la infraestructura escolar que sobrevive precisamente de esas aportaciones comunitarias que hoy se descalifican con un plumazo.
La Gimnasia Verbal de las Cuotas Obligatorias Convertidas en Milagro Presupuestario
El eufemismo favorito del régimen es bautizar como ‘aportaciones solidarias’ o ‘mantenimiento comunitario’ lo que en la realidad cotidiana de millones de familias mexicanas representa un gasto pesado e ineludible. Durante décadas, las escuelas públicas mexicanas han sostenido sus baños limpios, sus vidrios rotos, su luz eléctrica y su vigilancia gracias a las famosas cuotas escolares de inicio de semestre. Pretender que un plantel educativo puede operar con eficiencia óptima únicamente con la buena voluntad de la federación y discursos motivacionales es ignorar la precariedad estructural que padece el sistema educativo nacional. Cuando la presidenta asegura que los recursos faltantes los aportará el gobierno, omite convenientemente que las reglas de operación de las secretarías estatales y federales suelen tardar meses o años en reflejar un decreto improvisado al calor de un evento público.
Además, vale la pena detenerse en la coreografía política del momento. Mario Delgado asiente desde la segunda fila con la lealtad de quien ya aprendió que cuestionar al jefe supremo es el camino más rápido al ostracismo político. El secretario de Educación, en lugar de haber presentado un diagnóstico financiero de cuántas escuelas operan bajo este esquema de cuotas en Guanajuato y en el resto del país, prefirió sumarse al coro de la sorpresa. La improvisación disfrazada de sensibilidad social es el sello de la casa: primero se lanza el compromiso ante los micrófonos y luego, si el erario aguanta, se buscan los centavos. Mientras tanto, directores y maestros se quedan con la incertidumbre de saber si el dinero prometido llegará a tiempo para pagar la factura del agua o si tendrán que apelar de nuevo a la solidaridad de los padres, aquellos mismos a quienes se les prometió un paraíso escolar totalmente gratuito a partir del día siguiente.
Historial Financiero y El Costo Oculto de la Gratuidad por Decreto
No se trata de estar en contra de la gratuidad de la educación —un derecho consagrado en el artículo tercero constitucional que ningún analista serio cuestionaría en su esencia—, sino de exigir viabilidad financiera y rigor técnico. Históricamente, las declaraciones presidenciales que prometen eliminar cobros escolares sin una restructuración presupuestal previa terminan generando un déficit operativo en los planteles. Los datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en múltiples informes de cuenta pública han señalado de manera reiterada que los programas federales destinados al mantenimiento menor de escuelas operan con subejercicios o con reglas tan rígidas que impiden atender urgencias cotidianas. Cuando se prohíben las cuotas sin garantizar una transferencia federal equivalente, ágil y directa, el resultado inmediato es el deterioro acelerado de los inmuebles escolares.
El expediente de este tipo de promesas está lleno de buenas intenciones archivadas en bodegas institucionales. La narrativa oficial insiste en contraponer la educación pública con la privada bajo la premisa de que lo estatal siempre es superior gracias al patriotismo de los maestros, ignorando los rezagos crónicos en equipamiento tecnológico, conectividad y laboratorios que padecen los planteles públicos. Celebrar la eliminación de una cuota escolar mediante un aplauso masivo es una excelente escena para los noticieros de la tarde y las redes sociales del régimen, pero es pésima economía institucional. La educación de calidad no se sostiene con decretos de última hora ni con la sorpresa fingida de los altos funcionarios, sino con planeación financiera seria, presupuestos plurianuales auditables y respeto por la autonomía de gestión de las comunidades escolares que son las únicas que pagan los platos rotos cuando la retórica choca con la cruda realidad del presupuesto.
