La herencia maldita de las boletas y el misterioso duopolio electoral
Cuando el poder decide reescribir la historia administrativa del país, rara vez lo hace sin apuntar primero al archivo muerto de sus antecesores. Durante la conferencia matutina, el temario giró abruptamente hacia los insumos y contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), destapando un secreto a voces que la burocracia electoral había mantenido bajo siete llaves: el mercado de la papelería y las mamparas para votaciones ha estado controlado por un reducidísimo grupo de proveedores desde finales del siglo pasado. La narrativa oficial busca sacudir el árbol genealógico del órgano electoral para demostrar que la corrupción no nació ayer ni llegó con las recientes administraciones, sino que hunde sus raíces en los sótanos de la transición democrática.
El diagnóstico presidencial expone una realidad incómoda para los defensores acérrimos del árbitro electoral autónomo. Los lineamientos de licitación fueron diseñados con candados tan específicos que prácticamente excluyen a cualquier competidor que no ostente una trayectoria de décadas proveyendo al sistema. Sin embargo, el intento de deslindar responsabilidades actuales chocan con la inercia de una estructura que lleva operando bajo las mismas reglas durante lustros, sin que ninguna administración anterior o presente se hubiera atrevido a democratizar las planillas de proveeduría más allá del viejo club de compadres.
De Lorenzo Córdova a Guadalupe Tadey: Las culpas repartidas y el pasado que no incomodaba
El señalamiento directo hacia el exconsejero presidente Lorenzo Córdova y los exconsejeros del periodo 2014-2023 busca evidenciar que la red de complicidades y la contratación sistemática de las mismas empresas no fue un descuido menor, sino una política de continuidad institucional. Según los datos ventilados desde el atril presidencial, las OPLES (Organismos Públicos Locales Electorales) estatales replicaron mecánicamente estas adjudicaciones bajo la supervisión de un Consejo General que hoy alza la voz pero calla sobre su propia miopía administrativa. La ironía radica en que los mismos críticos que hoy defienden la pureza democrática del INE frente a los embates del obradorato fueron quienes blindaron un sistema de compras opaco y concentrado.
Por otro lado, la caída temporal o los cuestionamientos hacia la actual gestión de Guadalupe Tadey sirven como recordatorio de que los vicios del pasado no se erradican simplemente cambiando a la cabeza del organismo mediante insaculación. La pretensión de fortalecer a Talleres Gráficos de México como un monopolio estatal de impresión abre otro flanco de suspicacias sobre el control centralizado de los materiales de votación. Prometer un consejo de administración ‘abierto’ con participación universitaria suena bien en el papel, pero en la práctica mexicana la línea entre la austeridad republicana y el control discrecional de la imprenta nacional suele ser peligrosamente delgada.
Revisiones pendientes y los contratos que vienen desde la era Zedillo
Lo verdaderamente revelador en esta disputa por el control de la narrativa electoral no es el descubrimiento fortuito de los contratos, sino el reconocimiento tardío de que el ‘coyotaje’ electoral ha sido un negocio redondo y transexenal. Recordar los escándalos de 1999 y 2005 con empresas cartoneras y proveedoras de papel en el Estado de México demuestra que el sistema de partidos, sin importar su color, se sirvió con la cuchara grande al momento de repartir los presupuestos para urnas y mamparas. Pretender que una sola reforma o la llegada de nuevos cuadros políticos iba a purificar por arte de magia un mercado cautivo de miles de millones de pesos era, cuando menos, una ingenuidad política imperdonable.
Para profundizar en los datos históricos y las reglas de contratación del árbitro electoral, se pueden consultar las auditorías y normativas en los siguientes enlaces oficiales e independientes:
