La arqueología del poder: cuando el partido oficial descubrió a las mujeres
Hay algo profundamente poético y ligeramente cínico en atestiguar cómo el poder actual intenta legitimar sus credenciales progresistas desempolvando archivos de los años treinta. Nos venden los anales del primer Congreso Nacional de Obreras y Campesinas, celebrado en octubre de 1931 bajo los auspicios del mismísimo PNR —el tatarabuelo del PRI, por si alguien ya olvidó la genealogía de la chequera nacional—, como si se tratara de una gesta espontánea del pueblo sabio. En aquella época dorada donde la Revolución Mexicana se turnaba los botines, el partido oficial decidió que era una excelente idea organizar a las mujeres, pero con una condición muy clara: que el fuego de la emancipación no quemara demasiado las estructuras del Estado patriarcal y corporativo que apenas se estaba cimentando.
La historia oficial nos presenta el cónclave como un ejercicio pionero de deliberación democrática. Sin embargo, leer entre líneas las actas de aquel evento revela el eterno dilema de la izquierda institucional y del aparato gubernamental mexicano: ¿el movimiento social coquetea con la autonomía o se sube disciplinadamente al camión del partido en el poder? En 1931, figuras como Florinda Lazos León, Edelmira Rojas y la histórica Elvia Carrillo Puerto defendían la necesidad de un frente estrictamente femenino. La consigna no era menor: querían resolver los problemas específicos de las mujeres —educación, salud, infancia y condiciones laborales— sin pedirle permiso al jefe de manzana ni al líder sindical en turno.
La izquierda incómoda frente al aparato de Estado
En la otra trinchera de aquel congreso fundacional estaban las militantes del Partido Comunista Mexicano, encabezadas por mentes tan lúcidas y aguerridas como María del Refugio ‘Cuca’ García, Consuelo Uranga y la entrañable Concha Michel. Ellas sostenían una tesis que hoy sigue incomodando a los despachos gubernamentales: separar la lucha de las mujeres de la lucha general de la clase trabajadora era una trampa para debilitar a ambas. Cuca García y sus compañeras sabían perfectamente que el corporativismo estatal no buscaba la liberación de las obreras y campesinas, sino su domesticación política bajo el disfraz de la causa justa. Proponían mantener la organización dentro de los sindicatos y espacios mixtos, exigiendo que las condiciones económicas reales fueran el eje rector, en lugar de crear membretes decorativos patrocinados por la nómina oficial.
Por supuesto, el aparato del PNR hizo lo que mejor sabe hacer: conciliar mediante el control burocrático. Se creó una confederación femenina que prometía representar a las trabajadoras, pero con la cláusula no escrita de no romper con las estructuras mixtas controladas por el régimen. Al final de la jornada, los acuerdos incluyeron la protección jurídica, las escuelas mixtas y, eventualmente, la ruta hacia el derecho al voto femenino que tardaría décadas en materializarse. Pero el mensaje de fondo quedó intacto: el Estado mexicano decidió desde entonces que tutelaría los derechos de las mujeres, integrándolas a sus estructuras corporativas en calidad de clientela disciplinada.
El eterno retorno del corporativismo oficial
Observar este ejercicio de memoria histórica desde la perspectiva actual resulta desconcertante y fascinante a partes iguales. Hoy en día, la narrativa gubernamental sigue atrapada en el mismo dilema de 1931. Se celebran los derechos conquistados, se enarbola el discurso de la justicia social y se reivindica a las pioneras del sufragio, pero se mantiene la misma alergia visceral hacia cualquier forma de autonomía feminista o social que no responda a los intereses del partido gobernante. Las estructuras cambian de color, los logotipos se modernizan y las conferencias matutinas sustituyen a los boletines del PNR, pero el reflejo autoritario de absorber, domesticar y subordinar la movilización popular sigue intacto en el ADN del poder en México.
Las precursoras de aquel congreso en la Ciudad de México y de los posteriores encuentros en Guadalajara en 1934 —que pavimentaron el camino para el Frente Único Pro Derechos de la Mujer— merecen todo el reconocimiento histórico por su valentía y visión. No obstante, recordar sus debates también sirve para desmontar la falacia de que la actual clase política inventó la inclusión o el combate a la desigualdad. Las tensiones entre la autonomía de los movimientos y la voracidad del partido hegemónico vienen de lejos. Y mientras el poder siga intentando dictar cómo, cuándo y bajo qué términos se debe exigir justicia, seguiremos asistiendo al mismo sainete histórico, con los mismos actores con disfraces nuevos.
Archivos de la memoria y fuentes históricas
Para profundizar en los debates y documentos originales sobre el primer Congreso Nacional de Obreras y Campesinas de 1931 y el desarrollo del sufragio femenino en México, se pueden consultar los archivos históricos de la Secretaría de Gobernación y las investigaciones publicadas por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). Asimismo, la obra de investigadoras como Anna Macías en Católicas y comunistas: las mujeres mexicanas en la política radical ofrece un análisis riguroso de las tensiones entre las facciones feministas y comunistas de la época.
